Los mercaderes de la muerte. Por Harold Ruiz Moreno.

El conflicto colombiano que produce la mayor violencia generada por el actuar del narcotráfico, el neo paramilitarismo, la guerrilla y agentes del estado, que nos coloca como uno de los países más violentos del mundo, donde la tragedia humanitaria provoca los mayores índices de desplazamiento, confinamiento, una masacre cada dos días, el asesinato sistemático de los líderes sociales y de los firmantes de la La Paz.

Harold Ruiz Moreno

Esta escala de violencia nos desvía de conocer una de de las mayores causas de muerte en el país que lo constituye el perverso sistema de salud que para los expertos en el tema como La médica Psiquiátrica Carolina Corcho podría causar más muertes que el conflicto armado interno.

La Constitución de 1991 consideró la salud como un servicio público esencial, lo cual fue acogida por el constituyente primario en el debate que confrontó la visión neoliberal que comenzaba a implementarse en la década de los 90 con el expresidente César Gaviria, Luego, con la aprobación de la ley 100 de 1993 se instauró en Colombia una forzada privatización de la salud, en la cual el sistema sólo cubriría los tratamientos y tecnologías en salud que estuvieran considerados en un listado que denominaron POS (Plan Obligatorio de Salud), los recursos para pagar estos tratamientos y atenciones se pagaban mediante una UPC (unidad de pago por capitación) que es el monto que el Estado paga anualmente por afiliado al sistema para que se cubra su atención en salud. El nuevo modelo creó las Empresas Promotoras de Salud, EPS, unas intermediarias particulares, a quien el Estado le entrega estos recursos por afiliado para que estas contraten clínicas y hospitales que atiendan a la población y que  la postre se demuestra que se quedan con la mayoría de los recursos públicos destinados para la salud de los colombianos.

El sistema de salud en Colombia asiste al paseo de la muerte, la negación de una atención pronta y oportuna, el suministro de medicamentos, el que el ciudadano tenga que acudir a los jueces de tutela para acceder al derecho esencial de salud, como consecuencia de la nefasta ley 100, el sistema es presa de la intermediación, la tercericiacion, la esclavitud, las condiciones precarias de la misión médica a la que no le reconocen un régimen prestación digno de sus condiciones.

La mayor muestra de la corrupción del sistema de salud lo constituyó la liquidación de Saludcoop, en donde decidieron trasladar sus 5 millones de afiliados a Cafesalud, del mismo grupo de Saludcoop, que tenía un fallo fiscal por apropiación ilícita de 1,4 billones de pesos entre los años 2002 y 2010, por parte de la Contraloría General de la República. El ministro de la época Alejandro Gaviria autorizó una financiación a esta última que es una institución particular, con 200 mil millones del erario (Res.4385 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social), y así ocurre con la inmensa mayoría de las Eps que se quedan con los recursos públicos de la salud que solo alimentan al perverso sector financiero que es el que se lucra con la plata pública destinada a la salud de los colombianos.

Hoy el derecho esencial de la salud lo protege el juez de tutela, en Colombia se han interpuesto más de 4 millones de tutelas, más del 80% el último año por negación de servicios que deberían estar cubiertos porque se encuentran en el plan de atención, el POS.

Solo cuando logremos un gobierno pensado en el bienestar de la nación podremos acceder a los postulados constitucionales que garantizan el derecho esencial de la salud como lo ratifica permanentemente La corte constitucional en sus varias sentencias que protegen este sagrado derecho y no asistir al perverso sistema de Eps que deben desaparecer para darle paso a un sistema de política pública de salud preventiva y de atención pronta oportuna de calidad. Manos a la obra.

Publicado por zabieradmin

Licenciado en Ciencias sociales de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá, Esp. en Desarrollo y Gobierno Local de la Universidad de Nariño. Investigador social y analista de contextos y dinámicas políticas, sociales y económicas territoriales. Ex Asesor de Paz Departamental de Nariño 2008-2011; Ex Subsecretario Departamental de Gobierno de Nariño 2012 2013; Ex Comisionado Municipal de Paz de Pasto 2016-2019. Poeta, escritor, ensayista, periodista empírico alternativo, Columnista del Semanario VOZ, autor del Libro “Nariño de la guerra a la paz”. Defensor y promotor de Derechos Humanos y de las víctimas del conflicto.

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